El planteamiento y el origen de la tesis doctoral
de la libertad de cátedra en la enseñanza
pública no universitaria es analizar este
derecho fundamental que está reconocido en el artículo 20.
1.c de nuestra Constitución
y que en ámbito normativo inferior se recoge
en el artículo 3.º de la Ley Orgánica
del Derecho a la Educación de 1985.
Pues como digo, analizar el contenido y carácter
constitucional de este derecho llevando su
relación también al ámbito de la práctica.
Esta tesis se centra en la libertad de cátedra
pero en el ámbito de la enseñanza pública no universitaria.
Dejamos aparte, por su profundidad y por la
diversidad de situaciones que se pueden tratar
en la misma, el análisis de la libertad de
cátedra en el ámbito de los centros privados,
de los centros concertados o en otros ámbitos educativos.
Como digo, principalmente el ámbito de la
enseñanza pública no universitaria con el
concepto de un profesorado que es personal
funcionario público o también puede ser personal
laboral pero en todo caso contratado administrativamente.
Se trata de analizar por una parte en esta
tesis lo que está regulado normativamente,
lo que recoge nuestra Constitución y la normativa
de desarrollo con la práctica y el desarrollo
diario de esta libertad de la actividad de
enseñanza por parte del profesorado de la enseñanza pública.
Hay que tener en cuenta que la idea de libertad
de cátedra constituye un referente
importante para todos los profesores.
En algún momento de su carrera profesional
docente seguro que se va a invocar o se va
a hacer alusión a la libertad de cátedra
como un derecho sin que realmente no se sepa
cuál es su naturaleza, su contenido y
cuál es el ámbito al alcance de la misma.
En el imaginario colectivo de muchos profesores
es frecuente que esta libertad se presente
como una facultad omnímoda y también como un concepto indefinido.
Se vincula más la libertad de cátedra al
carácter pedagógico, la autonomía pedagógica
y se olvida el carácter jurídico y lo que la
jurisprudencia de los tribunales ha establecido al respecto.
Es habitual por eso que en muchos conflictos
en el ámbito educativo se utilice la invocación
al derecho de la libertad de cátedra como un argumento más en defensa.
Y este uso procesal intenso ha llevado a que
exista una importante jurisprudencia de los
tribunales, empezando por nuestro alto tribunal,
el Tribunal Constitucional, que ha servido
para delimitar el contenido y características de esta libertad.
Diciendo un poco de historia es importante
destacar que el reconocimiento de esta libertad
se produjo, el primer reconocimiento constitucional,
en la Constitución de la República Española de 9 de diciembre de 1931.
Ese es el primer texto constitucional de nuestra
historia jurídica donde en el artículo 48.
3 se establece literalmente que los maestros,
profesores y catedráticos de la enseñanza
oficial son funcionarios públicos y se dice
que la libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.
También haciendo un poco de historia en el
contexto del derecho comparado, el sistema
jurídico alemán fue el primero en reconocer
el derecho a la libertad de cátedra en la
Constitución Imperial de 1849, en la que
se declaró que la ciencia y su enseñanza es libre.
En la actualidad este derecho se recoge en el artículo 5.
3 de la Ley Fundamental de Bonn que establece que el arte y la ciencia,
la investigación y la enseñanza científica son libres.
Durante el proceso constituyente español el
reconocimiento de la libertad de cátedra,
su inclusión en el texto constitucional no
fue fácil ni estuvo exento de importantes debates.
En realidad eran debates que representaban
los dos "frentes", por decirlo de una manera
coloquial que existían en aquel momento.
El reconocimiento de la libertad de cátedra
como una libertad individual al servicio de
su titular o bien como una garantía de las
condiciones para la ciencia y la docencia
en beneficio tanto del profesor como de los alumnos y de la sociedad.
Hay que tener en cuenta que en el proceso
constituyente una parte muy importante de los
constituyentes eran docentes, tanto del ámbito
de la universidad como también había docentes
no universitarios, lo cual hizo que el contenido,
el reconocimiento y todos los aspectos de
inclusión de este importante derecho fueran
objeto de debates apasionados y también de
debates desde la óptica de la pedagogía y
de la experiencia de cada uno de los allí presentes.
Por eso se recogió la libertad de cátedra
en el artículo 21c, vinculado a la libertad de expresión.
En esencia es el único derecho educativo
que está recogido aparte de los derechos
del artículo 27 de nuestra constitución española.
Hay que tener en cuenta que la libertad de
expresión es una de las libertades clásicas
ya reconocidas desde el primer constitucionalismo
y en un sentido amplio la libertad de expresión
es también la libertad de los docentes
para la transmisión de sus conocimientos.
Finalmente, como ya dije anteriormente, la
libertad de cátedra se recogió en el artículo
21c y se vincula con los artículos derechos y
libertades reconocidas en el extenso
artículo 27 de nuestra constitución española.
En ese artículo 27 se hace referencia la
libertad de enseñanza y una de las vertientes
de la libertad de enseñanza es también el derecho
de la libertad de cátedra del profesorado,
la libertad de enseñanza de los docentes.
Y al igual que establecemos su vinculación
en el estudio de nuestra tesis de la libertad
de cátedra con la libertad de expresión y con
las libertades y el derecho a la educación
y la libertad de enseñanza del artículo 27,
no podemos olvidar que esta libertad tiene
como denominador común con las libertades
de expresión y de enseñanza que su origen
y fundamento último se encuentra en las
libertades de pensamiento e ideología
del artículo 16 de la constitución.
De tal manera que se forma un corpus jurídico
claro del concepto de libertad en el
ámbito de los derechos fundamentales.
Pues bien, a partir de esta base el objetivo
fundamental de la tesis, una vez analizado
su carácter y naturaleza jurídico-constitucional,
es fundamentar también la aplicación de
su titularidad y su alcance más amplio del
que inicialmente podía parecer en el
ámbito de la enseñanza no universitaria.
Tempranamente nuestro Tribunal Constitucional
en la sentencia fundamental 5/1981/13 de febrero
dejó claro que, dado que la enseñanza es
una actividad encaminada de modo sistemático
y con un mínimo de continuidad a la transmisión
de un determinado cuerpo de conocimientos
y valores, la libertad de enseñanza implica el
derecho de quienes llevan a cabo personalmente
la función de enseñar a desarrollarla con libertad.
Y se atribuye esta libertad de cátedra a
todos los profesores, sea o fuera el nivel
de enseñanza en el que actúan y la relación que
media entre su docencia y su labor investigada.
De esta manera, el contenido de la libertad
de cátedra, a partir de esta fundamental
y modular sentencia, ya sabemos que no aparece
perfilado en la Constitución, que recoge
de una manera muy escueta el reconocimiento
o garantía de la libertad de cátedra de
esta manera en el artículo 21c, sino
que su contenido tiene una doble faceta.
Por una parte un contenido o faceta negativa,
un carácter puramente defensivo referido
a la protección que garantiza la Constitución
frente a las injerencias o imposiciones en
la libertad que tiene cada profesor de
orientar ideológicamente sus enseñanzas.
Y frente a esta vertiente negativa, un contenido o
faceta positiva que alude al haz de posibilidades
que ofrece el ordenamiento constitucional
a los docentes a la hora de definir por sí
mismos la forma y los contenidos de sus clases.
Este último aspecto es el que yo he utilizado
principalmente en la labor de investigación
y en la apoyatura de mis planteamientos para
analizar el sistema educativo en el ámbito
de la enseñanza pública no universitaria
destacando las siguientes facetas.
En primer lugar, el importante reconocimiento
que se hace en la Ley Orgánica de Derecho
a la Educación de 1985 y en la LOE actualmente en
vigor de la autonomía pedagógica y
organizativa en la realidad de los centros.
Tiene que ser incompatible plantear que la
libertad de cátedra de los profesorados de
la enseñanza pública está constreñida de una
manera muy concreta porque tiene delimitados
los currículos tanto por el ámbito estatal
como por el ámbito autonómico como por las programaciones.
Eso es incompatible con la defensa que se hace
de la autonomía organizativa y pedagógica.
Además el profesor no universitario no puede
ser valorado como un mero ejecutor técnico
de una programación didáctica de una materia
dado que la LOE insiste mucho en la importancia
de la individualización y la personalización
de los contenidos y de la metodología de enseñanza.
Esa atención a la diversidad y esa individualización
sólo se puede lograr con una libertad de
cátedra que en la práctica docente tiene un
alcance mayor que el que literalmente pudiera
parecer por el mero reconocimiento constitucional.
Además en la enseñanza pública no universitaria
no debemos olvidar que hay un ámbito que
conecta claramente con la educación
superior, es decir, con la universidad.
En el Marco europeo de las cualificaciones
y las enseñanzas superiores se incluyen las
enseñanzas artísticas superiores, la formación
profesional de grado superior, las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior y las enseñanzas deportivas
de grado superior al mismo nivel que la enseñanza no universitaria.
De esta manera se produce una conexión entre
la tradicional visión de la libertad de cátedra
aplicada exclusivamente al profesorado no
universitario con la libertad de cátedra
y su reconocimiento y extensión en el ámbito no universitario.
Para llegar a la idea que planteamos inicialmente
de que si la LOE recoge en el artículo 3º
que los profesores en el Marco de la constitución
tienen garantizada la libertad de cátedra
y que su ejercicio se orientará a la realización
de los fines educativos de conformidad con
los principios establecidos en esa ley y en
la actual vigente ley orgánica del derecho
a la educación, LOE 2/2006, la práctica
docente de la libertad de cátedra en conexión
con la jurisprudencia constitucional que hemos
analizado en esta tesis doctoral nos lleva
a la defensa de que la libertad de cátedra
tiene un alcance y un contenido más amplio
del que inicialmente e históricamente se le
podría atribuir el ámbito de la enseñanza pública no universitaria.
Por supuesto con diversos límites que analizamos
con toda claridad, pero también teniendo
en cuenta que la enseñanza del siglo XXI no
tiene nada que ver con la que se producía
en los años 80 o al principio de la aprobación de nuestra constitución.
Esta es una enseñanza mucho más diversa con
mayor individualización de los aprendizajes,
con mayor atención a la diversidad, que en
la práctica lleva a que los tribunales hayan
reconocido también una mayor extensión de la
libertad de cátedra en la enseñanza pública no universitaria.
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